Nuestro cliente fue acusado de obstaculizar el procesamiento en primer grado, un delito grave de clase D que conlleva una pena máxima de prisión de 2 y un tercio a siete años en una prisión estatal. Después de litigar agresivamente las mociones previas al juicio, el Tribunal desestimó el cargo basándose en que no se presentaron pruebas suficientes al gran jurado.